http://www.youtube.com/watch?v=a3MH8b1TOUI (ENTREVISTA Al director de Egunkaria, condenado falsamente por vinculación a ETA)

Hemos hablado varias veces en este blog sobre la condena a dos periodistas de la SER por la publicación de unas listas de filiación al PP en pleno ejercicio de la libertad de información. Por eso, no está de más ampliar el foco y analizar también el estado de la cuestión. Así, comprobaremos que existen muchas otras causas de cierres de periódicos y medios digitales en todo el Estado Español, que quizás no encuentren tanta repercusión en los diarios convencionales.

El pasado 12 de enero, en este sentido, pudimos leer de primera mano el doloroso testimonio de uno de esos periodistas comprometidos con sus ideas que ha sufrido en sus carnes el duro peso de la dudosa justicia española. Se trata de Joan Mari Torrealdai, nada más y nada menos que doctorado en Ciencias Políticas y Sociología y Académico de la Lengua Vasca. El día en el que, en el año 2003, varios efectivos de la Guardia Civil se presentaron en su casa sin avisar, a la 1.30 de la madrugada, y lo apuntaron con armas de fuego delante de su familia, sin embargo, ninguno de esos reconocimientos le sirvieron de nada. El juez del Olmo había dictado una sentencia en el que se le acusaba de estar vinculado con ETA, en relación a su puesto como directivo del diario Egunkaria (el único periódico en euskara de Euskal Herria). Según del Olmo, en medio del macroproceso 18/98, en el que fueron condenadas cerca de 200 personas con vinculación a la banda armada, Egunkaria estaba siendo financiada por ETA.

A Joan Mari se le aplicó la Ley Antiterrorista, con todo lo que eso comporta: incomunicación, aislamiento, trato brutal y hoy cuenta su experiencia en el video que vemos más arriba. En los últimos días se ha conocido su exculpación, definitivamente, porque del Olmo no ha hallado ninguna prueba fehaciente que demostrara la vinculación del diario con la banda armada, algo que Joan Mari lleva negando desde que el absurdo proceso comenzó. Lo más rechazable de todo esto es, como el propio protagonista cuenta, que «lo primero que hizo el juez fue cerrar el diario, aún sin tener pruebas, y luego comenzar a recogerlas». Algo totalmente impropio de una democracia, donde primero se tendrían que recopilar los indicios suficientes como para determinar el cierre del periódico. Algo similar ocurrió, echando la vista atrás, con el secuestro de un ejemplar de El Jueves por «injurias a la corona».

Este tipo de casos nos devuelven a una realidad que parece olvidada por la gran mayoría de la sociedad. Una realidad en la que, como si volviéramos a los tiempos franquistas de la censura previa obligada, se secuestran ejemplares y se encarcela periodistas sin las pruebas necesarias para ello. Del Olmo, de nuevo, ha demostrado no sólo su incapacidad como juez, sino una verdad mucho más grande: que la justicia española y la forma de actuar frente al terrorismo nos hace vulnerables, como ciudadanos de libre derecho, ante la ley. La ley antiterrorista es la gran vergüenza del gobierno español. La incomunicación que comporta ya ha sido denunciada por varias organizaciones (incluidas la ONU), puesto que da cancha a todo tipo de torturas por parte de las Fuerzas del Seguridad del Estado. Decenas de inocentes son inculpados sin los indicios necesario. Pero es cuando se condena a un periodista crítico cuando todo salta por los aires y se destapa el pastel: la criminalización de los movimientos sociales se hace patente y sólo queda una pregunta: ¿Dónde está la libertad de expresión que tanto pregonan las esferas políticas?